Las organizaciones que integran Coalición Clima consideran que la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP17) en Durban (Sudáfrica) es una oportunidad única para forjar los acuerdos climáticos que el mundo necesita. En 2010 se ha alcanzado un máximo histórico de niveles de gases de efecto invernadero y cada año mueren más de 350.000 personas por las consecuencias de la crisis climática . Ante esta situación de emergencia, Coalición Clima exige que la delegación española, cuya postura se discutirá en una reunión de coordinación entre el gobierno entrante y el saliente, asuman una serie de compromisos.
En primer lugar, promover el acceso y la participación en los procesos de negociación y articular mecanismos que faciliten la representatividad de la sociedad civil en la COP 17. En segundo lugar, apoyar a la UE con el mantenimiento del único instrumento legalmente vinculante en la lucha internacional contra el cambio climático: el Protocolo de Kioto. Apoyar el establecimiento de una hoja de ruta destinada a la firma de instrumento/s legalmente vinculantes que aglutinen los compromisos de los diferentes estados, es la tercera petición. En cuarto lugar, mantener el apoyo al salto de la UE hacia un objetivo de reducción de emisiones del 20 al 30% para 2020, y que, en coherencia, establezca un objetivo nacional de reducción de emisiones ambicioso. En correspondencia con él se debe promover un marco normativo de lucha contra el cambio climático que permita integrar y armonizar las diferentes legislaciones sobre fiscalidad ambiental, energías renovables, movilidad sostenible, etc. En quinto, defender la inclusión de las políticas de adaptación en los procesos de negociación multilateral como un pilar fundamental de la acción contra el cambio climático, con compromisos financieros suficientes, y garantías de acceso para las poblaciones más vulnerables. Cumplir al 100% con sus compromisos actuales de financiación climática, garantizar los recursos aprobados a partir del 2020 y promover en la COP 17 el consenso sobre una definición honesta y transparente de “adicionalidad”, que respete claramente la lucha contra la pobreza y diferencie con claridad a partir del 2013 entre Ayuda Oficial al Desarrollo y Financiación Climática es la penúltima exigencia. Y, finalmente, comprometerse a promover un enfoque integral del desarrollo, sostenible y perdurable, a través de una transición justa en la que el progreso social, la protección del medio ambiente y las necesidades económicas se integren en un marco de gobernanza democrática, donde los derechos de las personas trabajadoras y otros Derechos Humanos sean respetados y se alcance la igualdad de género.